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La diputada Zandra Parisi (PDG) presentó un proyecto de ley para declarar feriado nacional el jueves 17 de septiembre de 2026, con el fin de extender las celebraciones de Fiestas Patrias. La iniciativa busca facilitar el descanso familiar, impulsar el turismo y las pymes, y reducir el riesgo de accidentes viales. El proyecto requiere el respaldo del Ejecutivo, ya que es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó la propuesta, argumentando que no es necesario innovar en esta materia, ya que la ley actual regula los feriados de Fiestas Patrias. La Cámara Nacional de Comercio (CNC) también cuestionó la iniciativa, señalando que un feriado improvisado tiene un impacto positivo menor y dificulta la planificación de las empresas.

Un grupo de diputados, principalmente del Partido Nacional Libertario, presentó un proyecto de ley para suspender por cinco años la Ley Karin. Argumentan que la normativa ha provocado un colapso en el sistema de denuncias laborales, con más de 66 mil denuncias a diciembre de 2025, y que el diseño actual dificulta la protección efectiva de las víctimas. La propuesta busca restablecer las normas laborales previas, aunque resguarda las denuncias e investigaciones ya iniciadas. Esta iniciativa surge mientras el Gobierno prepara modificaciones al reglamento de la ley para abordar problemas de implementación.

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la propuesta parlamentaria de suspender la Ley Karin por cinco años. Aunque evitó respaldar directamente la suspensión, el mandatario afirmó que "las leyes se pueden perfeccionar" y que se han detectado situaciones discutibles en su aplicación. Kast señaló que el Consejo Superior Laboral está analizando distintas normas y que las propuestas parlamentarias serán debatidas con altura de miras, cuidando el fin original de la norma. Mencionó que algunas leyes pueden ser mal utilizadas por un grupo pequeño de personas.

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, enfrenta un requerimiento de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) presentado por consejeros regionales republicanos y de la UDI. Lo acusan de "notable abandono de deberes" y "faltas graves a la probidad administrativa", incluyendo el uso de recursos públicos en sesiones de coaching para su reelección. Orrego, representado por Ciro Colombara, argumenta que las acusaciones son falsas y políticamente motivadas, destacando fallos judiciales previos a su favor en casos como ProCultura y las sesiones de coaching.

El presidente José Antonio Kast viajó a Colombia para asistir a la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali. Kast, quien fue uno de los primeros líderes en saludar el triunfo de De la Espriella, sostendrá una reunión bilateral con el presidente electo para fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia. La delegación chilena incluye al canciller Francisco Pérez Mackenna, la Primera Dama y parlamentarios. Este viaje marca un nuevo movimiento de la región hacia la derecha y una oportunidad para concretar la propuesta de corredor humanitario.

Las senadoras Fabiola Campillai (IND) y Camila Flores (RN) protagonizaron un tenso enfrentamiento en el Senado, tras un punto de prensa sobre indultos a uniformados. El altercado incluyó acusaciones de fraude al fisco contra Flores y de tener familiares delincuentes contra Campillai. La Mesa del Senado decidió enviar el caso a la Comisión de Ética para que se pronuncie sobre el incidente. La Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile (ASOF) rechazó la expresión "señora de feria" utilizada por Flores, considerándola despectiva.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó los alcances de un nuevo estado de excepción constitucional propuesto por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Esta medida busca dotar al Estado de herramientas para combatir el crimen organizado y el terrorismo en zonas específicas, urbanas o rurales, permitiendo restricciones al tránsito, toques de queda, limitación de reuniones e interceptación de telecomunicaciones. También contempla la posibilidad de solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas para funciones determinadas, manteniendo el control del Congreso.

Carmen Soza renunció a la dirección ejecutiva de Ideas Republicanas, centro de estudios ligado al Partido Republicano. La abogada comunicó su decisión por WhatsApp, citando "diferencias insalvables" en la gestión interna y el trato entre integrantes. Soza tuvo un rol clave en la campaña de José Antonio Kast y mantuvo discrepancias con Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. Su salida se produce tras problemas con la bancada de diputados republicanos y el rechazo a liderar la Subdere.

El historiador e investigador Juan Luis Ossa fue nombrado director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos (CEP) por un período de cinco años, con posibilidad de reelección. La designación fue ratificada por el Consejo Directivo de la institución, tras un proceso de búsqueda que duró tres meses. Ossa, quien se incorporó al CEP en 2019, reemplaza a Leonidas Montes, quien asumió la presidencia del centro de estudios. Ossa es licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile y doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford.

Chile y Venezuela oficializaron el restablecimiento de sus relaciones consulares, interrumpidas desde julio de 2024 tras el desconocimiento de las elecciones venezolanas por parte del gobierno de Gabriel Boric. El director de Asuntos Consulares de Chile, Hernán Núñez, y el viceministro para América Latina de Venezuela, Mauricio Rodríguez, intercambiaron notas diplomáticas en Caracas. El canciller Francisco Pérez Mackenna destacó el inicio de una nueva etapa de diálogo constructivo para la protección de ciudadanos y el avance en temas de interés mutuo. Se estima que en Chile residen cerca de 700 mil venezolanos y en Venezuela unos 25 mil chilenos.

Juan Pablo Rodríguez, exsubsecretario de Hacienda, renunció a su cargo tras dar positivo en un test de drogas en junio. Aunque el laboratorio Corthorn Health confirmó el resultado positivo en dos análisis de la misma muestra y rechazó la solicitud de Rodríguez de una contramuestra en otro recinto, el exsubsecretario presentó exámenes privados con resultados negativos, incluyendo uno de la Universidad Católica. Esto generó un debate sobre los protocolos y la posibilidad de reincorporación, que el Gobierno descartó al anunciar un nuevo subsecretario de Hacienda.

El Presidente José Antonio Kast anunció en cadena nacional la "Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo" (ACOT), que incluye más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional. Esta reforma busca consagrar la seguridad como un deber del Estado y ampliar el plazo de flagrancia a 24 horas, entre otras medidas. El mandatario destacó una baja en homicidios, secuestros y robos violentos, y fijó como meta la aprobación de las iniciativas antes de Navidad. La oposición, sin embargo, cuestionó la falta de medidas para el levantamiento del secreto bancario y la prevención.

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, prestó declaración ante la Fiscalía de Los Lagos durante dos jornadas, los días miércoles y jueves, en el marco de la investigación por la Trama Bielorrusa. Vivanco, quien figura como imputada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, aseguró estar tranquila y preparada para responder a las preguntas. La diligencia, solicitada por su defensa, se realizó en dependencias del OS7 de Carabineros y es considerada un hito previo al cierre de la investigación. Vivanco calificó la experiencia como "positiva" y valiosa, enfocándose en su propia participación en los hechos.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite y declaró admisibles, por unanimidad, tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por parlamentarios de oposición contra diversas normas del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, conocido como la megareforma del Gobierno. Los requerimientos cuestionan principalmente la invariabilidad tributaria y las modificaciones a la normativa ambiental. El TC otorgó un plazo de cinco días al Presidente, al Senado y a la Cámara de Diputados para pronunciarse, y fijó audiencias públicas y de alegatos para el 12 y 13 de agosto, respectivamente.

La Corte Suprema confirmó la resolución de la CMF que multó a la aseguradora Aspor por incumplir obligaciones de pólizas de garantía asociadas al convenio con la fundación ProCultura. Estas pólizas, por más de $1.000 millones, fueron exigidas por el GORE Metropolitano tras el término anticipado del proyecto Quédate. El gobernador Claudio Orrego celebró la decisión, destacando que se recuperarán los recursos públicos tras dos años y medio de juicios civiles. La aseguradora se había negado a pagar y había interpuesto acciones dilatorias.