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La diputada Zandra Parisi (PDG) presentó un proyecto de ley para declarar feriado nacional el jueves 17 de septiembre de 2026, con el fin de extender las celebraciones de Fiestas Patrias. La iniciativa busca facilitar el descanso familiar, impulsar el turismo y las pymes, y reducir el riesgo de accidentes viales. El proyecto requiere el respaldo del Ejecutivo, ya que es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, descartó la propuesta, argumentando que no es necesario innovar en esta materia, ya que la ley actual regula los feriados de Fiestas Patrias. La Cámara Nacional de Comercio (CNC) también cuestionó la iniciativa, señalando que un feriado improvisado tiene un impacto positivo menor y dificulta la planificación de las empresas.

Un grupo de diputados, principalmente del Partido Nacional Libertario, presentó un proyecto de ley para suspender por cinco años la Ley Karin. Argumentan que la normativa ha provocado un colapso en el sistema de denuncias laborales, con más de 66 mil denuncias a diciembre de 2025, y que el diseño actual dificulta la protección efectiva de las víctimas. La propuesta busca restablecer las normas laborales previas, aunque resguarda las denuncias e investigaciones ya iniciadas. Esta iniciativa surge mientras el Gobierno prepara modificaciones al reglamento de la ley para abordar problemas de implementación.

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la propuesta parlamentaria de suspender la Ley Karin por cinco años. Aunque evitó respaldar directamente la suspensión, el mandatario afirmó que "las leyes se pueden perfeccionar" y que se han detectado situaciones discutibles en su aplicación. Kast señaló que el Consejo Superior Laboral está analizando distintas normas y que las propuestas parlamentarias serán debatidas con altura de miras, cuidando el fin original de la norma. Mencionó que algunas leyes pueden ser mal utilizadas por un grupo pequeño de personas.

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, enfrenta un requerimiento de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) presentado por consejeros regionales republicanos y de la UDI. Lo acusan de "notable abandono de deberes" y "faltas graves a la probidad administrativa", incluyendo el uso de recursos públicos en sesiones de coaching para su reelección. Orrego, representado por Ciro Colombara, argumenta que las acusaciones son falsas y políticamente motivadas, destacando fallos judiciales previos a su favor en casos como ProCultura y las sesiones de coaching.

El presidente José Antonio Kast viajó a Colombia para asistir a la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali. Kast, quien fue uno de los primeros líderes en saludar el triunfo de De la Espriella, sostendrá una reunión bilateral con el presidente electo para fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia. La delegación chilena incluye al canciller Francisco Pérez Mackenna, la Primera Dama y parlamentarios. Este viaje marca un nuevo movimiento de la región hacia la derecha y una oportunidad para concretar la propuesta de corredor humanitario.

Las senadoras Fabiola Campillai (IND) y Camila Flores (RN) protagonizaron un tenso enfrentamiento en el Senado, tras un punto de prensa sobre indultos a uniformados. El altercado incluyó acusaciones de fraude al fisco contra Flores y de tener familiares delincuentes contra Campillai. La Mesa del Senado decidió enviar el caso a la Comisión de Ética para que se pronuncie sobre el incidente. La Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile (ASOF) rechazó la expresión "señora de feria" utilizada por Flores, considerándola despectiva.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó los alcances de un nuevo estado de excepción constitucional propuesto por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Esta medida busca dotar al Estado de herramientas para combatir el crimen organizado y el terrorismo en zonas específicas, urbanas o rurales, permitiendo restricciones al tránsito, toques de queda, limitación de reuniones e interceptación de telecomunicaciones. También contempla la posibilidad de solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas para funciones determinadas, manteniendo el control del Congreso.

Carmen Soza renunció a la dirección ejecutiva de Ideas Republicanas, centro de estudios ligado al Partido Republicano. La abogada comunicó su decisión por WhatsApp, citando "diferencias insalvables" en la gestión interna y el trato entre integrantes. Soza tuvo un rol clave en la campaña de José Antonio Kast y mantuvo discrepancias con Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. Su salida se produce tras problemas con la bancada de diputados republicanos y el rechazo a liderar la Subdere.

El historiador e investigador Juan Luis Ossa fue nombrado director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos (CEP) por un período de cinco años, con posibilidad de reelección. La designación fue ratificada por el Consejo Directivo de la institución, tras un proceso de búsqueda que duró tres meses. Ossa, quien se incorporó al CEP en 2019, reemplaza a Leonidas Montes, quien asumió la presidencia del centro de estudios. Ossa es licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile y doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford.

Chile y Venezuela oficializaron el restablecimiento de sus relaciones consulares, interrumpidas desde julio de 2024 tras el desconocimiento de las elecciones venezolanas por parte del gobierno de Gabriel Boric. El director de Asuntos Consulares de Chile, Hernán Núñez, y el viceministro para América Latina de Venezuela, Mauricio Rodríguez, intercambiaron notas diplomáticas en Caracas. El canciller Francisco Pérez Mackenna destacó el inicio de una nueva etapa de diálogo constructivo para la protección de ciudadanos y el avance en temas de interés mutuo. Se estima que en Chile residen cerca de 700 mil venezolanos y en Venezuela unos 25 mil chilenos.

Juan Pablo Rodríguez, exsubsecretario de Hacienda, renunció a su cargo tras dar positivo en un test de drogas en junio. Aunque el laboratorio Corthorn Health confirmó el resultado positivo en dos análisis de la misma muestra y rechazó la solicitud de Rodríguez de una contramuestra en otro recinto, el exsubsecretario presentó exámenes privados con resultados negativos, incluyendo uno de la Universidad Católica. Esto generó un debate sobre los protocolos y la posibilidad de reincorporación, que el Gobierno descartó al anunciar un nuevo subsecretario de Hacienda.

El Presidente José Antonio Kast anunció en cadena nacional la "Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo" (ACOT), que incluye más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional. Esta reforma busca consagrar la seguridad como un deber del Estado y ampliar el plazo de flagrancia a 24 horas, entre otras medidas. El mandatario destacó una baja en homicidios, secuestros y robos violentos, y fijó como meta la aprobación de las iniciativas antes de Navidad. La oposición, sin embargo, cuestionó la falta de medidas para el levantamiento del secreto bancario y la prevención.

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, prestó declaración ante la Fiscalía de Los Lagos durante dos jornadas, los días miércoles y jueves, en el marco de la investigación por la Trama Bielorrusa. Vivanco, quien figura como imputada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias, aseguró estar tranquila y preparada para responder a las preguntas. La diligencia, solicitada por su defensa, se realizó en dependencias del OS7 de Carabineros y es considerada un hito previo al cierre de la investigación. Vivanco calificó la experiencia como "positiva" y valiosa, enfocándose en su propia participación en los hechos.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite y declaró admisibles, por unanimidad, tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por parlamentarios de oposición contra diversas normas del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, conocido como la megareforma del Gobierno. Los requerimientos cuestionan principalmente la invariabilidad tributaria y las modificaciones a la normativa ambiental. El TC otorgó un plazo de cinco días al Presidente, al Senado y a la Cámara de Diputados para pronunciarse, y fijó audiencias públicas y de alegatos para el 12 y 13 de agosto, respectivamente.

La Corte Suprema confirmó la resolución de la CMF que multó a la aseguradora Aspor por incumplir obligaciones de pólizas de garantía asociadas al convenio con la fundación ProCultura. Estas pólizas, por más de $1.000 millones, fueron exigidas por el GORE Metropolitano tras el término anticipado del proyecto Quédate. El gobernador Claudio Orrego celebró la decisión, destacando que se recuperarán los recursos públicos tras dos años y medio de juicios civiles. La aseguradora se había negado a pagar y había interpuesto acciones dilatorias.

La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE). La iniciativa fue respaldada por 111 votos a favor, 28 en contra y una abstención. El proyecto introduce un mecanismo voluntario de "elección mutua" para establecimientos de alta demanda, permitiendo asignar parte de sus vacantes con criterios propios antes del sorteo. La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró el amplio respaldo y destacó que busca reconocer el mérito y reducir el peso del azar en la asignación de vacantes.

El Gobierno evalúa implementar un nuevo Estado de Excepción Constitucional focalizado en barrios con alta criminalidad, según anunció el biministro Claudio Alvarado. La medida, enmarcada en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Presidente José Antonio Kast, permitiría a las Fuerzas Armadas colaborar con Carabineros bajo el mando de estos últimos. Se contempla la posibilidad de restringir la libertad de movimiento en al menos 50 sectores críticos, que serán identificados por indicadores de delincuencia. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, está a cargo de este trabajo.

El Gobierno de José Antonio Kast ingresó un proyecto de ley para extender y ampliar el subsidio a la tasa hipotecaria y la garantía estatal Fogaes para la primera vivienda. La iniciativa busca aumentar los subsidios de 50.000 a 80.000, ampliar el valor máximo de las viviendas elegibles de 4.000 a 6.000 UF y extender la vigencia del programa hasta el 31 de mayo de 2028. Esta medida, que complementa la exención de IVA a viviendas nuevas, busca reactivar el sector de la construcción y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para la clase media, ante un elevado stock de propiedades sin vender.

El Gobierno de Chile, bajo la administración Kast, oficializó su retiro del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) tras 55 años de participación, iniciada en 1971 con Salvador Allende. La decisión, comunicada a Naciones Unidas mediante una nota verbal, se justifica en que la organización, creada en el contexto de la Guerra Fría, ya no responde a los desafíos actuales. Excancilleres han cuestionado la medida, advirtiendo posibles tensiones en la política exterior y la candidatura de Valparaíso para una secretaría internacional, además de un posible espacio para Bolivia en su reivindicación marítima.

El Gobierno, a través de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, anunció una reformulación del programa Becas Chile, priorizando áreas estratégicas y fortaleciendo el seguimiento de beneficiarios. Esto surge tras un diagnóstico que reveló 1.666 becarios en incumplimiento, adeudando $92 mil millones, y un riesgo potencial sobre otros $481 mil millones. La ministra descartó un "perdonazo" y enfatizó la obligación de pago, aunque no de retorno al país. Los cambios buscan modernizar el sistema y asegurar un mayor impacto de la inversión pública.

Más de 100 alcaldes solicitaron al Presidente José Antonio Kast vetar la fórmula de compensación por la exención de contribuciones, proponiendo que los US$200 millones se canalicen íntegramente a través del Fondo Común Municipal. Otro grupo de alcaldes, mayoritariamente oficialistas, respaldó la propuesta del Gobierno, que garantiza el 100% de los recursos para los 345 municipios. La disputa se trasladó al Senado, donde se votó el mecanismo como parte de la megarreforma. Finalmente, el Senado aprobó la fórmula con 27 votos a favor y 22 en contra, con el respaldo clave del senador Pedro Araya (PPD).

El Ministerio de Educación ingresará un proyecto de ley que recalendariza hasta 2040 la implementación completa de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La iniciativa busca flexibilizar el calendario de traspasos y las condiciones para que municipios con buenos resultados puedan mantener la administración de sus establecimientos. Actualmente, 36 SLEP están en funcionamiento y 169 municipios ya han traspasado sus servicios educativos. La propuesta también considera factores como la disponibilidad presupuestaria y las deudas municipales para la implementación de los SLEP pendientes.

El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, se reunió con el biministro Claudio Alvarado para abordar la suspensión de dos proyectos de corredores de transporte público en el Gran Concepción, que representaban una inversión de US$400 millones. Inicialmente, el Ministerio de Hacienda había decidido detener la tramitación de las adjudicaciones debido a restricciones presupuestarias. Tras la reunión, Giacaman anunció que el Gobierno se comprometió a mantener la ejecución de las obras en los plazos acordados, las cuales serán realizadas por la Dirección de Vialidad Nacional y no vía concesión.

El expresidente Gabriel Boric realizará dos viajes internacionales en agosto de 2026, para los cuales solicitó autorización a la Cámara de Diputados. Participará como invitado especial en el Congreso Panamericano Montevideo 2026, un foro progresista que abordará desafíos hemisféricos. Posteriormente, asistirá a la Berliner Festspiele en Alemania. Estos serán los últimos permisos que requerirá del Congreso, ya que el 11 de septiembre se cumplirán seis meses desde que dejó la Presidencia.

El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta de la megarreforma del Presidente José Antonio Kast, con 27 votos a favor y 22 en contra. La votación final se centró en el mecanismo de compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones a adultos mayores de 65 años, medida que generó oposición de varios alcaldes. Ministros como Claudio Alvarado y Jorge Quiroz valoraron la aprobación, destacando el fin de la tramitación legislativa y el impacto positivo en el crecimiento económico y la confianza en Chile.

El Gobierno de José Antonio Kast ingresó vetos presidenciales al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, también conocida como Megarreforma. Los vetos buscan eliminar tres normas incorporadas durante el debate parlamentario: la prohibición absoluta del anatocismo, el derecho al olvido financiero y la eliminación de pactos de pago superiores a 30 días. Según el Ejecutivo, estas disposiciones podrían generar efectos negativos en el sistema financiero, el acceso al crédito y el funcionamiento de las pymes. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que las iniciativas “suenan bien, pero traen malas consecuencias”.

Diversas encuestas de opinión pública, como Pulso Ciudadano, Criteria y Cadem, revelaron una baja en la aprobación del Presidente José Antonio Kast durante julio y principios de agosto. Pulso Ciudadano y CNN Chile reportaron una aprobación del 25,6% y una desaprobación del 58,9%. Criteria indicó un 34% de aprobación y 55% de desaprobación. Cadem, por su parte, mostró un promedio de 37% de aprobación en julio, con una leve recuperación a 38% a inicios de agosto. La seguridad y la economía son mencionadas como factores clave en la percepción ciudadana.

El Senado aprobó el último artículo pendiente del Plan de Reconstrucción, que establece el mecanismo de compensación para los municipios por la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, celebró la aprobación, afirmando que "Chile comienza nuevamente a crecer" y que la ley abre las puertas a la inversión, el emprendimiento y el progreso. El biministro del Interior, Claudio Alvarado, destacó la tranquilidad para los 344 municipios del país por la compensación del 100% a partir de 2027.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, contradijo al biministro Claudio Alvarado sobre el nombramiento del nuevo subsecretario de Hacienda. Alvarado había afirmado que el reemplazante de Juan Pablo Rodríguez, quien salió del cargo tras dar positivo en un test de drogas, sería anunciado en los próximos días. Sin embargo, Quiroz aseguró que aún no hay nombre y que están en proceso de búsqueda. Rodríguez se sometió a un nuevo test que resultó negativo, pero el Gobierno no ha dado señales de su reincorporación. El Gobierno ingresará una reforma constitucional para definir nuevas causales de pérdida del cargo por consumo de drogas.

Andrés Ergas Heymann, embajador chileno en Estados Unidos, declaró un abultado patrimonio y una extensa red de sociedades en Chile y el extranjero, incluyendo participación en Ever Chile, dueña del 1,8% del Banco de Chile. Su nombramiento, sin trayectoria diplomática previa, buscaba reforzar la relación con la administración Trump. Sin embargo, su gestión ha sido cuestionada tras la imposición de aranceles por parte de EE.UU. a productos chilenos, generando críticas por su informalidad y falta de conocimiento en temas arancelarios.

El Gobierno logró destrabar la votación final del Plan de Reconstrucción en el Senado, al asegurar los votos necesarios tras negociaciones con senadores clave. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmó un protocolo de acuerdo con los senadores Matías Walker (Demócratas) y Sergio Gahona (UDI), comprometiendo recursos para la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama. El acuerdo incluye la creación de una mesa técnica para cuantificar los daños, un fondo especial y la incorporación de fondos en la Ley de Presupuestos 2027.

El laboratorio Corthorn Health defendió el resultado positivo de un test de drogas realizado al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, que motivó su renuncia. La CEO Francisca Corthorn afirmó que el examen negativo posterior, presentado por Rodríguez y obtenido en la Universidad Católica, no es comparable debido a que se utilizaron metodologías y muestras distintas. Corthorn explicó que su laboratorio usó cromatografía líquida con espectrometría de masas, una técnica de alta precisión, mientras que el otro fue un test inmunológico preliminar. Además, rechazó la salida de la contramuestra de sus instalaciones para no romper la cadena de custodia.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha defendido la propuesta del Gobierno de José Antonio Kast para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La iniciativa busca modificar la organización del organismo, que según Rabat, tiene un "tinte de izquierda" y no representa adecuadamente a la sociedad civil. Además, se pretende redefinir sus facultades, eliminando la capacidad de deducir querellas criminales para que el INDH retome un rol estrictamente consultivo, en línea con los Principios de París. El director del INDH ha cuestionado al gobierno por atribuir un carácter partidista al organismo.

Eduardo Leiva, exseremi de Cultura de Los Lagos, renunció a su cargo el 22 de julio tras dar positivo a cocaína en un examen de drogas. Leiva afirma que se trata de un "falso positivo", ya que un segundo análisis realizado en la Universidad de Chile arrojó un resultado negativo. El exseremi criticó el laboratorio Corthorn Health, el mismo que examinó al exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien también renunció por un resultado similar.

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió al proyecto de ley "Escucha su corazón", impulsado por diputados de derecha, que busca que las mujeres escuchen los latidos fetales antes de un aborto en tres causales. La ministra afirmó que no existe evidencia científica que demuestre que este acto haga cambiar de opinión a las mujeres. Además, señaló que el procedimiento no agrega valor clínico, ya que las ecografías ya son parte del proceso médico. Chomali también mencionó que la propuesta podría revictimizar a las mujeres.